El reto pendiente de la equidad

La salud es un derecho reconocido legalmente, pero su ejercicio efectivo sigue siendo muy desigual. A pesar de contar con un sistema nacional de salud (SNS) público, universal y gratuito, en España las condiciones de vida —el empleo, la educación, la vivienda o el entorno— siguen marcando grandes diferencias en el estado de salud de la población. La pandemia de COVID-19 mostró esta realidad con crudeza: las personas con menor nivel socioeconómico, migrantes o residentes en barrios desfavorecidos sufrieron mayor exposición, mayor letalidad y más dificultades para acceder a servicios sanitarios.

Estas desigualdades en salud no son nuevas ni inevitables. Son evitables, injustas y sistemáticas, y responden a decisiones políticas, presupuestarias y organizativas. Su origen está en los determinantes sociales de la salud: es decir, en las condiciones en las que nacemos, vivimos, trabajamos y envejecemos. Actuar sobre ellas exige una mirada más allá de lo estrictamente sanitario.

España presenta, según la Encuesta Nacional de Salud (2021), diferencias claras en morbilidad, salud percibida y esperanza de vida en función del nivel educativo, el estatus laboral y la comunidad autónoma de residencia. A estas brechas en salud se suman otras nuevas, como la brecha digital. El impulso de la telemedicina y la atención digital, si no se acompaña de medidas de inclusión, puede dejar atrás a personas mayores, con baja alfabetización digital o en entornos rurales sin conectividad adecuada.

El SNS ha hecho avances significativos desde su creación, pero la equidad en salud sigue siendo más un valor declarado que una realidad garantizada. Falta institucionalizar la equidad como eje transversal de las políticas públicas, con herramientas como la evaluación de impacto en equidad (EIE), el desarrollo de indicadores desagregados y la financiación ajustada a necesidades poblacionales.

Es también urgente reforzar la atención primaria, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad social, dotándola de más recursos, personal y enfoque comunitario. Solo desde una atención cercana, preventiva y accesible es posible reducir las desigualdades antes de que se traduzcan en enfermedad.

La equidad debe estar también en la agenda digital. La transformación tecnológica no puede aumentar la exclusión. Es imprescindible invertir en alfabetización digital y en soluciones accesibles para todas las personas, no solo para las más conectadas.

Además, el sistema debe garantizar la atención efectiva a colectivos vulnerables: personas migrantes, sin hogar, con discapacidad o víctimas de violencia. La ley ampara sus derechos, pero en la práctica persisten barreras administrativas, idiomáticas y culturales que dificultan su acceso.

Las desigualdades en salud son un problema de justicia social, pero también de eficacia y sostenibilidad del sistema. Un SNS que no llega con la misma calidad y oportunidad a toda la población no solo es injusto, sino ineficiente.

Como señalaba Michael Marmot, “si no actuamos para reducir las desigualdades en salud, estamos aceptando lo inaceptable”. Ha llegado el momento de pasar del diagnóstico a la acción.